La alta incidencia en universitarios pone el foco en estos centros, que acumulan hasta 1.000 estudiantes y que han gestionado de diversas formas la pandemia.

Uno de los principales focos de contagios en la población leonesa se encuentra en la comunidad universitaria, a la que desde la Junta de Castilla y León se le ha hecho un llamamiento para apelar a la responsabilidad.

Desde el inicio del curso, todos los centros se han visto obligados a reforzar la seguridad sanitaria a nivel general, instalando dispensadores de gel hidroalcohólico en zonas comunes, limitando el aforo en estas zonas, controlando la temperatura de los residentes e incluso algunas residencias han incluido un sistema de registro a través de un código QR que permite saber quiénes han compartido mesa para facilitar la labor de los rastreadores en caso de existir algún caso positivo.

Además, tras los últimos acontecimientos, la Asociación de Residencias de León decidió tomar medidas que tuvieran como resultado limitar la vida social de los residentes fuera de las mismas, prohibiendo así las entradas y salidas de las instalaciones entre las 23:30 horas y las 07:30 horas. Estas medidas fueron tomadas en consecuencia de los actos de una minoría de estudiantes que ponían en riesgo la salud de los demás, llevando a los centros a establecer incluso sanciones para aquellos que no las cumplan.

Estas decisiones parecen haber dado resultado, ya que ninguna de ellas ha sumado positivos de forma alarmante, y aunque han tenido casos esporádicos, el sistema de aislamiento ha permitido evitar brotes.

Sin embargo, la otra cara se encuentra en los centros de titularidad pública, donde los protocolos no parecen surtir efecto, acumulando de esta forma un mayor número de positivos, fruto de una aplicación menos exigente de las medidas sanitarias recomendadas.

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